Una economía en guerra implica la necesidad de reorientar gastos y fortalecer el presupuesto para combatir la inseguridad del país. Las políticas económicas que se dicten deberán sentar las bases de un crecimiento económico sostenible y de largo plazo.

En tiempos de guerra, los recursos que normalmente se destinan al desarrollo económico son reasignados para fines de defensa. Esto puede llevar a recortes en programas sociales, aumentos de impuestos y endeudamiento público para financiar los esfuerzos requeridos. En Ecuador, estos sacrificios económicos son particularmente complejos debido a la coyuntura fiscal que atraviesa el país desde hace varios años.

El más reciente informe del Banco Mundial ha revisado a la baja las proyecciones de crecimiento para Ecuador en 2024. En octubre de 2023, el multilateral pronosticó un crecimiento de 1,9 % para el año; no obstante, la última actualización sitúa la perspectiva en un 0,7 %. Esto implica una disminución de 1,2 puntos en la estimación de crecimiento en 2024. Este ajuste en las previsiones económicas coincide con una declaración sin precedentes por parte del Gobierno de aplicar un “Estado de Guerra” contra la delincuencia organizada. La medida refleja la urgencia y la gravedad de la situación de seguridad en Ecuador, donde la presencia de grupos delictivos ha generado incertidumbre.

Sin embargo, las medidas adoptadas dentro de este ambiente de guerra han dado señales confusas para la economía del país.

Por ejemplo, el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) puede interpretarse como una medida que busca disponer de recursos que financien la lucha contra el crimen organizado. El incremento de este tributo contribuye a generar confianza entre los inversionistas internacionales y atraer recursos frescos adicionales al país. No obstante, es importante tener en cuenta que los ajustes fiscales deben ser cuidadosamente calibrados para evitar impactos negativos en la actividad económica y en el bienestar de la población.

Por otro lado, la aplicación de nuevos impuestos transitorios, como el impuesto sobre el sector empresarial y bancario, genera preocupaciones para el país. Estos impuestos, que fueron creados por la Asamblea Nacional, llegaron al Ejecutivo sin ser solicitados y son medidas que podrían afectar la competitividad y el crecimiento económico a largo plazo.

Enmarcada en una discusión política, estos impuestos se van en contra de los principios de seguridad jurídica al generar incertidumbre para el sector empresarial, para las inversiones y para el sector financiero. Además, los principios empresariales de generación de rentabilidad, empleo y crecimiento fueron atacados, al gravar directamente a las ganancias y discriminando al sector financiero con un impuesto único que tiene una tarifa que es casi 8 veces mayor que la tarifa sobre las utilidades del sector empresarial.

De acuerdo con la Junta de Política y Regulación Monetaria (JPRM) y el Banco Central del Ecuador (BCE), las medidas tributarias que afectan la liquidez del sistema financiero nacional (como el aumento de la tasa de autorretención y el impuesto sobre las utilidades), generaría una limitación en la concesión de créditos que necesitan los hogares y empresas y, de esta manera, se provocaría una disminución en el crecimiento económico entre 0,4 % y 1,1 % en 2024.

La recaudación que llegará al fisco por todo el paquete de impuestos aprobado asciende a USD 1.916 millones que se desglosan de la siguiente forma (ver cuadro en la versión descargable).

Dentro de este contexto existen otras acciones que no son políticamente fáciles de implementar, pero que podrían ayudar a tener más recursos para enfrentar la situación actual y contribuir a cerrar el déficit fiscal, el cual alcanzó los USD 6.241 millones en diciembre de 2023.

  1. Revisión del gasto público: Resulta fundamental efectuar una revisión exhaustiva del gasto público en el Gobierno, identificando posibles áreas de duplicación de funciones. Esto incluye la evaluación de proyectos y programas para determinar su efectividad y eficiencia en la consecución de los objetivos planteados.
  2. Optimización de recursos: Es importante la implementación de medidas para optimizar el uso de los recursos disponibles, buscando alternativas más eficientes en la prestación de servicios públicos y en la ejecución de proyectos de inversión. Esto puede implicar, por ejemplo, la reestructuración de programas, la adopción de tecnologías innovadoras y la mejora de los procesos administrativos.
  3. Focalización de subsidios: En ese ámbito, el gasto en combustibles ha sido significativo en estos años, representando una carga importante para las finanzas públicas. En 2022 y 2023, los subsidios representaron, en promedio, el 10% del total del Presupuesto General del Estado. Según la proforma presupuestaria 2024, se espera que el gasto en subsidios se incremente en un 38 % anual, alcanzando los USD 3.093 millones.
Expectativas económicas de ajuste

Para los hogares ecuatorianos, la realidad que atraviesa el país significa menor liquidez disponible, lo cual podría traducirse en un menor consumo y una mayor necesidad de priorizar el ahorro. En este contexto, las familias y las empresas se ven obligadas a adaptarse a un entorno económico más restrictivo, priorizando la producción, optimizando gastos y posponiendo decisiones de mayor gasto, mayor inversión y contratación de personal.

Dentro de este contexto, las expectativas económicas del sector empresarial se han volcado hacia un escenario pesimista, como se puede evidenciar en el Gráfico 1 (ver en la versión descargable).  Según el Índice de Expectativas de la Economía, a enero de 2024, las empresas del país reportaron un nivel de confianza de 44,8 puntos, es decir, un decrecimiento de 5,9 puntos respecto al valor registrado en el mes de diciembre de 2023 (50,7). Estos resultados reflejan que las expectativas económicas de las empresas se encuentran en el umbral de menor confianza que significa una percepción pesimista sobre la evolución de sus ventas, personal ocupado y volumen de producción. Los sectores económicos que reportan los puntajes más bajos son: construcción (43,7), servicios (43,9) y manufactura (45,8).

Esta realidad no solo se ve reflejada en las empresas, sino también en los consumidores. De acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador, el Índice de Confianza del Consumidor alcanzó los 36,5 puntos en enero de 2024, valor inferior en 1,1 puntos respecto al índice registrado en el mes de diciembre (37,7). La evolución positiva de las expectativas está ligada a los logros que alcance el país en materia de acceso a nuevo financiamiento, al combate a la inseguridad y que supere coyunturas como el Fenómeno del Niño, el cierre del bloque petrolero ITT y la crisis energética.

Es así como la coyuntura actual presenta desafíos importantes para el Gobierno, los ciudadanos y las empresas, ya que los esfuerzos tributarios serán mayores. A enero de 2024, la recaudación tributaria sumó USD 1.629 millones, valor menor en 3,3 % comparado con el mismo mes de 2023 (USD 55 millones menos). A nivel de impuestos, el IVA es el que más aporta a la recaudación, con USD 875 millones, lo que equivale a una participación del 54 % del total de la recaudación; le siguen el Impuesto a la Renta, con USD 514 millones (32 %) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con USD 101 millones (6 %).

La última reforma tributaria, que implica el incremento de la tarifa del IVA, traerá consigo USD 1.105 millones adicionales en el nivel de recaudación del Gobierno. Sin embargo, existe la posibilidad de que, ante un escenario de recesión económica, el consumo de los hogares disminuya.

Entonces, una economía en guerra implica la necesidad de reorientar gastos y fortalecer el presupuesto para combatir la inseguridad del país. Los esfuerzos realizados se potenciarán si se acompañan de políticas económicas que sienten las bases de un crecimiento económico sostenible y de largo plazo. Hasta ahora, las medidas han respondido a una coyuntura de generar mayores ingresos permanentes e ingresos adicionales desde el sector empresarial, motivados en fundamentos políticos. Hace falta construir bases sólidas para cerrar las brechas fiscales y atraer nuevos dólares. Alternativas como la focalización de subsidios, la optimización y revisión del gasto público, así como el fortalecimiento de la seguridad jurídica y búsqueda de financiamiento externo permitirán dar señales concretas para avanzar en dirección a la sostenibilidad fiscal.

LA AUTORA

Andrea Villarreal Ojeda es máster en Administración Pública en Economía y Políticas Públicas por The London School of Economics and Political Science (LSE), máster en Finanzas y Gestión de Riesgos por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), especialista superior en Finanzas (UASB) y economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es directora del Departamento Económico en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA) y profesora de Macroeconomía y Entorno Económico del IDE Business School.