Ecuador, en materia regulatoria financiera, aún tiene desafíos importantes y básicos. En ese contexto, se sugieren cuatro acciones como parte de una agenda de trabajo durante el 2024.

En octubre de 2023 tuve la oportunidad de ser parte del llamado “Diálogo Público Privado–BankLac”, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos —FELABAN—, la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas —ASBA— y el Banco Interamericano de Desarrollo —BID—. Esta reunión fue la antesala de la Asamblea Anual de ASBA, evento que cada año reúne a la totalidad de supervisores —en algunos casos, reguladores— de los sistemas financieros de América.

La reunión giró alrededor de asuntos relacionados con las finanzas sostenibles, inclusión financiera, ciberseguridad, innovación, entre otros, y también la agenda común y permanente de los desafíos del sector financiero en la región. Varios temas se dialogaron entre los asistentes —incluso en los pasillos de la sede del evento—, principalmente sobre los desafíos que las economías con alta inflación y altas tasas de interés activas generan a los Bancos.

El Ecuador, sin embargo, pocos días antes recibió del Fondo Monetario Internacional el informe del Programa de Evaluación del Sector Financiero en el que se establecían los aspectos que este organismo internacional había encontrado en este proceso. El informe dice: “Un hallazgo de la EESF es que el marco institucional para la supervisión del sector financiero es complejo, carece de coordinación y se presta a la intervención política. Se necesitan reformas para reforzar la independencia de la función de supervisión, dar prioridad a la seguridad y la solidez, separar la supervisión prudencial de otras funciones y afianzar sustancialmente el enfoque de supervisión. Los nuevos avances que se precisan en el marco macroprudencial han de lograrse desarrollando una mayor capacidad analítica para todo el sector financiero, mejorando el intercambio de información y la coordinación y definiendo con claridad las funciones de múltiples instituciones. /…/ los límites de las tasas de interés deberían migrar hacia una tasa de usura”.

Dos escenarios diferentes. El país, en materia regulatoria financiera, aún tiene desafíos importantes y mucho más básicos que los que se abordó en el diálogo regional. En ese contexto, señalo cuatro acciones que sugiero sean parte de una agenda de trabajo durante el 2024:

  1. Fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica

La institucionalidad es un atributo fundamental de las democracias modernas. Solamente sobre instituciones, y no sobre personas, se puede construir certezas y credibilidad a largo plazo.

El FMI advierte que es crucial para el sector financiero que sus organismos de supervisión y regulación avancen en tareas simples, pero profundas, para mejorar la institucionalidad:

  1. Fortalezcan sus capacidades;
  2. Coordinen sus acciones;
  3. Mantengan su independencia;
  4. Destinen sus recursos —escasos, por cierto— a cumplir su función, esto es, preservar la estabilidad y la seguridad del sistema financiero y no a otras, que podrían ser más atractivas, pero ajenas a la naturaleza de un regulador o supervisor bancario.

No abona al desarrollo de un mercado financiero la ausencia de instituciones sólidas y estables, que guíen sus decisiones basadas en aspectos técnicos antes que en la popularidad o no de sus acciones. No siempre lo correcto es lo más sencillo.

Prima hermana de la institucionalidad es la seguridad jurídica, que no es otra cosa que saber qué es hoy el derecho y qué será en el futuro. Toda actividad requiere seguridad jurídica, pero la bancaria más, pues los recursos en riesgo en la actividad de intermediación son de los depositantes. De allí que reformas normativas o legales que afectan la actividad no solo ponen en riesgo la estabilidad de la banca, como suele pensarse en algunos foros, sino que, en realidad, se pone en riesgo los depósitos del público. Las acciones poco meditadas o técnicas también suelen limitar la capacidad de las instituciones para cumplir con su función, esto es, canalizar el crédito.

  1. Fortalecer la liquidez de la banca

Las cifras con las que cierra el 2024 permiten avizorar grandes desafíos en materia de liquidez para la economía en general, los cuales se reflejaran en los balances de las instituciones bancarias.

Los depósitos en diciembre de 2023 crecieron a un ritmo del 5,9 %, llegando al monto de USD 46.232 millones. El 43 % son depósitos a plazo, pero este segmento se desacelera, ya que a diciembre de 2023 crece al 13 %, pero en el mismo periodo de 2022 lo hizo al 16 %. Esto no obstante que, al cierre de 2023, la tasa pasiva de interés referencial llegó al 8,9 % —en dólares, la más alta en la región—.

De acuerdo con las estimaciones del Banco Central del Ecuador, el crecimiento del PIB en el 2024 será del 0,8 %. El consumo en los hogares durante el tercer trimestre de 2023 cayó en un 4,7 %.

El SRI señala que las ventas en el periodo enero–octubre 2023 ascienden a USD 185.768 millones, con un crecimiento anual del 3,5 %. Sin embargo, en 2022 su crecimiento fue del 15,4 %. La disminución en ventas de las empresas produce menor recaudación y disponibilidad de liquidez para el gobierno. La recaudación tributaria a diciembre de 2023 alcanzó los USD 17.420 millones, lo cual equivale a un crecimiento de apenas un 1,5 % en comparación con el mismo periodo de 2022 (USD 256 millones adicionales).

La situación de liquidez es aún más preocupante si se miran los ingresos por exportaciones de petróleo. Entre enero y octubre de 2023 estos ascienden a USD 2.650 millones, lo cual es un 59 % menos que lo recibido por este concepto en el mismo periodo del 2022 (USD 6.907 millones).

Toda persona que conoce la actividad bancaria sabe que la prueba de fuego del banquero es la liquidez. La Banca toma todos los resguardos técnicos que le permitan responder ante necesidades de recursos de sus depositantes. Sin embargo, la normativa vigente en materia de liquidez exige una urgente reforma. La Banca debe dejar de ser obligada a financiar al Estado mediante la compra de títulos o papeles. Las mal llamadas “reservas de liquidez” deben ser eliminadas, pues no cumplen los propios requerimientos locales para así llamarse. No puede continuar siendo limitada en su capacidad de gestión. Por ello, el llamado “Coeficiente de Liquidez Doméstica” debe también eliminarse, pues es el banquero quien conoce mejor dónde mantener invertidos los recursos que administra, local o externamente.

La política pública debe tener claro que un dólar retirado a la banca por cualquier concepto es un dólar menos que puede intermediarse. De allí que las normas que rigen la liquidez del sistema financiero deben ser técnicas y adecuadas a los estándares internacionales, pues lo contrario obliga a la banca a generar sus propias —y adicionales— reservas de liquidez, limitando la disponibilidad de crédito.

  1. Tasas de interés

De acuerdo con cifras del Global Findex 2022, en Ecuador solo dos de cada diez personas mayores a 15 años acceden a un crédito en el sistema financiero formal y, de acuerdo con Equifax (2021), las personas que no acceden a crédito formal están siendo explotadas por las mafias de la usura —que son las mismas mafias del narcotráfico y la minería ilegal—, pagando tasas de interés superiores a 1200 % anual.

La tasa de interés es el elefante en la habitación. Si se busca impulsar la inclusión financiera, uno de los elementos que debe discutirse es la metodología de tasas de interés, que hoy por hoy es causa fundamental de la exclusión, pero nadie desea abordarla. Se volvió un tema político. No es extraño escuchar a diversas personalidades sugerir que las tasas de interés deben reducirse para mejorar la inclusión financiera, cuando diversos estudios muestran que es todo lo contrario.

La pregunta para diseñar una nueva metodología debería ser concreta: qué hacer para que los señores María, Carlos y Francisco, del mercado Caraguay, San Roque, El Arenal, puedan acceder a un crédito bancario, pagando una tasa de interés que refleje su riesgo crediticio y así dejen de pagar el 1200 % al usurero de su mercado. Evidentemente, para María, Carlos y Francisco la tasa de interés no es la causa para acceder a crédito. Hoy se financian en condiciones leoninas y a riesgo de su propia vida. Seguramente, entregarles una tarjeta de crédito o un microcrédito a estas personas les cambiaría la vida.

Una nueva metodología de tasas de interés que permita recoger el riesgo de las operaciones y las personas es urgente, necesaria e impostergable. Diferir esta decisión, no reconocer que tenemos un elefante en la sala, solo alarga el tiempo durante el cual continuarán siendo explotados María, Carlos y Francisco.

  1. Arbitrajes regulatorios

No pocas crisis se han iniciado por la existencia de arbitrajes regulatorios. Es una tendencia frecuente que los sujetos de una actividad busquen la forma de mantenerse a la sombra de la regulación que rige esa actividad. La actividad bancaria no es la excepción. Con frecuencia se mira como actores que tienen o ejecutan exactamente la misma actividad; por lo tanto, asumen los mismos riesgos, tienen diferente regulación y, en muchos casos, aupados por las autoridades que están llamadas a supervisarlas y regularlas.

La regulación debe tratar a todos de acuerdo con los riesgos que representa su operación, con independencia de que sean bancos u otro tipo entidades. Hace ya varios años lo estableció Basilea: a igual actividad, igual riesgo, igual regulación. Esta regla también es aplicable para los nuevos participantes de la actividad financiera, aquellos que llegaron del mundo digital con el membrete de ser más innovadores que aquellas entidades que deben moverse en el farragoso mundo de los requerimientos normativos.

Los arbitrajes regulatorios deben eliminarse por el bien de la actividad, por una competencia neutral, para precautelar los derechos de los consumidores y usuarios, y por la estabilidad del sistema.

El informe presentado por el Fondo Monetario, como consecuencia del examen al sector financiero ecuatoriano, dejó una hoja de ruta, de la cual solo he destacado algunos elementos. El diagnóstico está —siendo sinceros, está desde hace mucho tiempo atrás—. Ahora solo faltan las acciones.

EL AUTOR

Marco Antonio Rodríguez es abogado y doctor en jurisprudencia. Cuenta con un diplomado superior y maestría en Derecho con mención en Derecho del Mercado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene estudios de posgrado en alta gerencia empresarial en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, diplomado superior en Gobernanza y Liderazgo Político en el IDE Business School y curso de posgrado en Gobierno y Políticas Públicas realizado en Santiago de Chile en la Universidad del Desarrollo. Es profesor de Derecho Bancario en varias universidades. Actualmente es Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).