Con las limitaciones de gestión del Gobierno en el frente interno y limitaciones de recursos de todo tipo, sumado al difícil contexto mundial, la sequía de inversiones parece extenderse al 2023 y más allá.

¿Qué panorama podemos avizorar para el Ecuador en el 2023?

Debe entenderse que las políticas gubernamentales, tanto nacionales como autónomas, generan desconfianza en la mayoría de los ciudadanos. El Ecuador como país en desarrollo necesita crecer al 8 % anual, y en cambio no ha sido capaz de ello ni por lejos. Los pronósticos para 2023 y 2024 nos lleva a niveles de economía cansada con menos del 2 % en promedio. El 4,2 % del año anterior y el 3,8 % esperado para el 2022 son muy poco significativos para este objetivo, porque son sólo recuperación luego de una caída de poco más del 7 % en 2020. Por ello, con estas cifras, apenas llegamos a los niveles de ingresos de pre-pandemia, aunque con más concentración de riqueza y menos empleo, y por ello para la mayoría todo es más frío y duro afuera.

Un país subdesarrollado que crece poco se traduce en empobrecimiento frente al aumento de su población. Para Ecuador, la falta de oportunidades de crecimiento, a pesar de la estabilidad del dólar y de un Estado con reservas, se traduce en pérdida de atractivo para la inversión, y nos aleja de la oportunidad de que en 10 años vivamos en un país con miras al primer mundo.

En un país dolarizado, el crecimiento interno requiere obligadamente del flujo de dólares por la inversión y las exportaciones. En cuanto a la inversión, Ecuador sigue siendo poco atractivo a la inversión externa que requiere oportunidades inmensas de crecimiento que sobrepasen la media. Con la conflictividad social actual, el resultado tangible del esfuerzo inicial con la ronda de contratos de inversión, publicitada por el Gobierno, ha sido decepcionante.

En cuanto a los ingresos de exportaciones, el aumento de los precios del petróleo es la gran cura para el Estado. Que es lo que vemos hoy. En la medida en la que el precio del petróleo continúe arriba, la demanda interna y el resto de los sectores de la economía encontrarán apoyo para crecer.

Sin embargo, el contexto económico mundial actual para inversiones y exportaciones es poco alentador para el Ecuador. Los buenos años se nos fueron sin darnos cuenta. Ahora, la situación internacional de inflación, con la medicina aplicada por en Europa y Estados Unidos de incremento de tasas de interés, y el estancamiento económico en las economías ricas, impacta al Ecuador por partida doble en inversiones y exportaciones. Por un lado, estamos ante un cierre de los mercados y una sequía de flujos de inversión externa hacia economías emergentes; mientras por otro, se impone una disminución del consumo y, por tanto, de las exportaciones de productos ecuatorianos. Frente al reciente aumento de los precios e ingresos petroleros, algunos analistas opinan que el precio del petróleo debería reducirse en un contexto de estancamiento.

Por ello, con urgencia – en el cortísimo plazo, ¡ya! – el Gobierno requiere realizar importantes acciones e inversiones para contrarrestar la tendencia actual hacia la crisis de pesimismo, y que luego vayan en la dirección de generar motores del desarrollo impresionantes, con empresarios, profesionales y trabajadores pujantes. Un Estado que lidera dando dirección sin duda es poco liberal, pero una sociedad como la nuestra requiere de liderazgo, autoridad y sabiduría para su desarrollo.

El Estado liberal que se impone en este Gobierno es bueno porque da independencia a los agentes económicos y los libera de distorsiones, paternalismos y prácticas corruptas que dañan los mercados y destruyen los valores de la gente.  Lo malo es que, llevado a extremos, la falta de intervención sobre las necesidades urgentes de la población se traduce en desprestigio, y falta de intervención sobre la escasez de capital frenará el desarrollo de nuevas empresas y empleo. Para la escasez de capital, si reconocemos como necesario el rol anticíclico del Estado en una economía de mercado, el Gobierno debe relanzar con eficacia sus inversiones estratégicas y presionar a la banca privada para atemperar la decisión actual de resguardarse con independencia de su impacto en la economía, restringiendo el acceso a crédito directo y por mercado de valores. Se debe motivar a la banca para que sabiamente apoye el empresariado privado que está en situación complicada. Si no lo hace, la falta de crédito presionará hacia abajo la producción y el consumo y, por tanto, habrá una disminución de la actividad económica. Si el Gobierno actúa así con la banca podrá entonces cumplir su rol anticíclico para preservar la economía.

Finalmente, tenemos el lastre insoportable de la inseguridad pública. Incluso en el Estado más liberal, el último bien a que el Estado no debe renunciar es el de proveer seguridad y justicia. Es su mayor rol y de los bienes más preciados para sus ciudadanos. Y, sin embargo, encontramos al gobierno pasivo más allá de los discursos, y esto no hace más que drenar la autoridad y credibilidad del Gobierno, para responder en los otros frentes.

Al contrario, si el Gobierno encuentra su rol y rescata y consolida su eficacia, dando seguridad y haciendo una mejor gestión en lo social inmediato, podrá relanzar su liberalismo económico. Si el Gobierno impone a los bancos una menor independencia y mayor responsabilidad social, habrá facilitado el acceso del empresario privado a recursos más necesarios para crear empleo. Y para la economía es mejor que se haga a un lado el Estado, ya que bien confía el pueblo en los empresarios responsables y autorregulados para que se hagan cargo, generen crecimiento, atraigan más capitales y creen empleos.

EL AUTOR

José Abel DeFina tiene los grados de PhD en Dirección de Empresas por IESE Business School de la Universidad de Navarra y MBA Máster en Administración de Empresas por Harvard Business School. Es abogado y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Católica de Guayaquil. Es profesor de Dirección Financiera en el IDE Business School y consultor de proyectos de inversión, tanto en empresas públicas como privadas.