En Ecuador, solo 2 de cada 10 personas mayores a 15 años acceden a un préstamo en una institución financiera formal. Esto, como un potencial efecto derivado del control que existe en las tasas de interés dentro del sistema financiero nacional (Banco Mundial, 2020).
La inclusión financiera representa la expansión y progreso que los servicios financieros de ahorros, pagos y financiamiento experimentan a través del tiempo con el propósito de estar al alcance de los segmentos poblacionales más vulnerables (Banco Mundial, 2022). En este sentido, el acceso, uso y calidad de dichos servicios se constituyen como elementos fundamentales que impulsan el desarrollo financiero de los países (Levine, 2005). Así, las economías en vías del desarrollo como Ecuador buscan encaminarse hacia una senda de expansión de sus sistemas financieros que permita suplir las necesidades de financiamiento y ahorro que su población demanda, especialmente la más vulnerable (Nayyar, 2007).
Sin embargo, para el caso ecuatoriano, la inclusión financiera posee retos importantes hacia el futuro, debido a distintos mecanismos normativos y económicos que hacen del desarrollo financiero nacional una tarea pendiente y alejada de los estándares internacionales más recomendados (Stallings, 2006). Dentro de este contexto, el presente artículo busca realizar un análisis de los principales indicadores de inclusión financiera expuestos por el Banco Mundial (2022) en su reporte Global Findex 2021, con énfasis en el caso de Ecuador. Todo esto, con el propósito de denotar los avances, retos y oportunidades que afronta el sistema financiero en su objetivo de impulsar un mayor alcance y acceso a los servicios que ofrecen las entidades financieras del país para toda la población.
El Global Findex 2021 presenta datos de inclusión financiera a nivel mundial, segmentados por distintas categorías de acceso y uso, que buscan retratar la evolución e incidencia que los servicios financieros tienen a nivel mundial. En el caso de Ecuador, los indicadores más relevantes para el análisis propuesto hacen referencia a la población mayor a 15 años que posee una cuenta financiera, acceso al crédito, ahorros o si las personas realizaron pagos digitales.
Para la segmentación de acceso, la población mayor a 15 años en Ecuador que posee una cuenta en una institución financiera formal alcanzó el 64 % en 2021[1]. Este resultado representa un crecimiento de 18 y 13 puntos porcentuales (p.p.) con relación a 2014 y 2017, respectivamente (Gráfico 1 en versión descargable). A nivel de género, el 71 % de los hombres en 2021 poseía una cuenta financiera formal, mientras las mujeres llegaban al 58 % en el mismo periodo. Si se compara con 2017, estos resultados representan un crecimiento de 11 y 16 p.p. para hombres y mujeres, respectivamente.
La evolución creciente en la tenencia de cuentas financieras en el país se puede explicar por diversos factores; gran parte de ellos relacionados al apoyo de la banca privada en la ampliación de sus servicios financieros a nivel nacional. De acuerdo con la Tabla 1, se puede denotar la estructura del sistema financiero privado en la provisión de servicios financieros disponibles para sus clientes. En el caso particular de la banca, en diciembre 2021 se registró 30 626 corresponsales no bancarios, además de 4860 cajeros automáticos y 1248 oficinas, obteniendo un total de 36 734 puntos de atención en todo el país. Este escenario contribuyó a que los usuarios de la banca puedan hacer frente a los efectos adversos derivados de la pandemia, al tener a su disposición servicios esenciales como ahorros, depósitos, créditos y más, permitiendo, de esta manera, un mayor acceso y uso de cuentas bancarias.
Otro de los efectos que pueden distinguirse a partir de la expansión de los servicios financieros de la banca es el acceso a una cuenta financiera formal de aquellos segmentos poblacionales más vulnerables. En 2021, el 59 % de las personas mayores a 15 años que pertenecen al 40 % más pobre de la población, reportaron poseer una cuenta formal. Este resultado representa un crecimiento de más de 25 p.p. comparado con 2017, lo que demuestra un gran avance en la inclusión financiera de Ecuador. Cabe señalar, que una cuenta formal contribuye no solo al acceso y uso de servicios financieros complementarios, sino también a la mitigación de la pobreza y lucha contra la desigualdad económica (Burgess & Rohini, 2005).
Por otra parte, la pandemia del COVID-19 trajo consigo una transformación digital en todo el mundo, impulsando el uso de medios digitales para sostener la cadena de pagos y transacciones en las economías. En este sentido, los sistemas financieros fueron uno de los actores fundamentales. De acuerdo con el Banco Mundial, en Ecuador el 40 % de las mujeres mayores a 15 años realizaron al menos un pago digital en 2021, esto es 16 p.p. más que en 2017. Este aspecto denota una mayor inserción financiera para las mujeres.
Sin embargo, a pesar de la evolución positiva en el porcentaje de la población que posee una cuenta, existen otros aspectos de la inclusión financiera que todavía representan un reto para el sistema financiero nacional. Esto se puede ver reflejado en el acceso al crédito formal. Según el Global Findex, en 2021 el porcentaje de la población ecuatoriana que pudo acceder a un préstamo en una institución financiera formal fue de solamente el 23 %, esto es 2 975 341 personas en total (Gráfico 2 en versión descargable). Por lo cual, la población mayor a 15 años que no tiene acceso a financiamiento formal en el país asciende al 77 %, es decir, cerca de 9 millones de personas. Este escenario puede ser explicado, entre otras cosas, por aspectos normativos ligados a los techos en las tasas de interés, los cuales generan distorsiones dentro del mercado crediticio y se vuelven nocivos para el desarrollo financiero del país en el largo plazo (Banco Mundial, 2020).
Asimismo, otro de los aspectos que explica el reto de la inclusión financiera en el país puede ser evidenciado en el nivel de ahorros de la población: en Ecuador solamente el 13 % de su población mayor a 15 años posee ahorros en una cuenta financiera. Este aspecto representa un inconveniente para la expansión y desarrollo de los servicios financieros del país, en la medida que la movilización de recursos (ahorros) dentro del sistema financiero sea baja y se encuentre restringida por aspectos normativos (Merton, 1990).
Este último escenario no solo es particular para el caso de Ecuador, sino también a nivel regional. En América Latina, para 2021 apenas el 17 % de la población mayor a 15 años posee ahorros en una cuenta financiera, resultado que se encuentra 42 y 48 p.p. por debajo de los valores registrados en los países de la OECD (59 %) y en la región de Norte América (65 %), respectivamente. No obstante, a pesar de los retos que afronta América Latina ligados a fomentar una mayor cultura de ahorro formal, la región también ha experimentado grandes avances en el acceso a una cuenta financiera para su población. En 2021, la participación de la población en edad de trabajar que posee una cuenta alcanzó el 71 %, esto es 32 p.p. más que el resultado registrado en la última década (en 2011 la participación fue de apenas 39 %).
A modo de síntesis, se puede denotar el apoyo de la banca privada en el fomento de una mayor inclusión financiera en el país. Gran parte de esto, gracias a la innovación física y digital que ha experimentado la banca durante los últimos años. Es así que los indicadores del Global Findex respaldan los avances de la inclusión en el país, aspecto que no sería posible sin el esfuerzo que realizan las entidades financieras, a pesar de las restricciones normativas y distorsiones de mercado (por ejemplo, techos a las tasas de interés) que están presentes en el sistema financiero ecuatoriano. De esta forma, el país aún afronta retos importantes, con miras a construir un sistema financiero mucho más inclusivo, que permita impulsar el desarrollo futuro de los hogares y empresas, por lo cual es necesario reconsiderar la importancia que tiene el establecimiento de un marco normativo que no restrinja la inclusión en el país y se encuentre alineado a los estándares internacionales más importantes.
Referencias:
Banco Mundial. (15 de octubre de 2020). Interest Rate Repression Around the World. Obtenido de Open Knowledge repository: http://hdl.handle.net/10986/34672
Banco Mundial. (29 de marzo de 2022). Financial inclusion is a key enabler to reducing poverty and boosting prosperity. Obtenido de World Bank: https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1
Burgess, R., & Rohini, P. (2005). Can Rural Banks Reduce Poverty? Evidence from the India Social Banking Eperiment. American Economic Review, 780-795.
Levine, R. (2005). Finance and growth: theory, mechanism and evidence. (S. Durlauf, & P. Aghion, Edits.) Handbook of economic growth, 865-923.
Merton, R. C. (1990). The financial system and economic performance. (M. H. Kosters, & A. H. Meltzer, Edits.) International Competitiveness in Financial Services, 263-300. doi:https://doi.org/10.1007/978-94-011-3876-5_2
Nayyar, D. (2007). Macroeconomics in develpoing countries. BNL Quarterly Review, 249-269.
Stallings, B. (2006). Financiamiento para el desarrollo. América Latina desde una perspectiva comparada. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
[1] Según el Global Findex 2021, una institución financiera puede ser un banco o cualquier otro tipo de entidad que preste servicios financieros.
EL AUTOR
Nicolás Estrella es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con mención en econometría. Actualmente es analista económico en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.