El Proyecto de Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria fue aprobado a finales del año pasado. ¿Cómo nos afecta esto a los ecuatorianos? Presentamos un breve resumen del alcance de esta propuesta a los distintos sectores.

El pasado mes de diciembre se debatió y aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, el cual tiene como fin simplificar procesos tributarios, eliminar IVA a ciertos productos, dar una oportunidad de ponerse al día con deudas para limpiar historiales crediticios, contribuciones únicas, entre otras, en un afán de “ampliar los beneficios para los micro emprendedores y agricultores para poder reactivar la economía”, tal como lo mencionó el Ministro de Economía, Richard Martínez.

El otro fundamento de fondo es el uso de la recaudación que se genere de este proceso tributario, ya que se estima que el 65% de la inversión pública se destinará al sector social, con el fin de buscar un sistema de “redistribución” a través de pagos de tributos de los sectores más grandes para beneficio de inversiones en los sectores más vulnerables.

Si queremos tratar de entender en un breve resumen el alcance de la propuesta podemos revisar lo siguiente: en una primera parte, podemos tener varios puntos que aportarían sobre el desarrollo de la economía —este grupo aplica de manera general a toda la población, grupos o macro sectores, pero de manera total, sin necesidad de ser grupos especiales o algo por el estilo—, con lo cual los más importantes son los que mostramos a continuación:

  • El IVA se mantiene en el 12%. No hay un incremento a las transacciones generales que se manejan en el país.
  • No hay incrementos para el gas de uso doméstico, tema que era una preocupación para la mayor parte de la población por el impacto directo que tiene en el costo de vida.
  • Las empresas de las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Tungurahua, que pertenezcan al sector textil, ganadero y agrícola y que hayan sido afectadas por el paro del mes de octubre, tendrán una reducción de su impuesto a la renta 2020. Este “beneficio” es un claro ejemplo de un gasto que se genera por medidas irresponsables y que, lastimosamente, se salieron de las manos en el país. Al final, quien debe “pagar los platos rotos” es el empresario y, por ende, una menor recaudación del estado.
  • Eliminación del IVA en varios productos, entre ellos: tiras de medición de glucosa, marcapasos, papel periódico, flores, tractores hasta 300 HP, entre otros. Realmente no es un tema que deje un beneficio social amplio, pero en cada sector el efecto es importante.
  • Contribución única para empresas que facturen más de un millón de dólares. El formato de pago se rige en base a una tabla de entendimiento similar a la del pago del impuesto a la renta, con una base fija y un porcentaje sobre el excedente.
  • Se elimina el anticipo del 20% para refinanciamiento de deudas con las entidades del estado. Esto permite a la población tener una facilidad en la renegociación de sus pasivos y ponerse al día de una manera más sencilla.
  • Si las personas pagan en 120 días sus deudas pendientes, podrán mantener un historial crediticio limpio. Al hacer esto, cerrarían la opción de que se los reporte como “morosos” en el sector financiero.
  • Se incrementa el ICE para varios productos entre ellos las fundas plásticas y los planes móviles. Este incremento se da basado en temas de “salud” como el caso de los cigarrillos electrónicos, de “ecología” como en las fundas plásticas y por necesidad de incrementar la recaudación general como es el caso de los planes de telefonía.

En un segundo grupo, tratamos de armar un conjunto de efectos para las micro empresas, pymes y emprendedores, tomando este grupo como el base de la creación de empresa en el país. Hay que tomar en cuenta que los procesos que el país tiene son bastante complejos en el momento de querer emprender, formar una empresa o, en general, iniciar un negocio.

  • Se mantiene la eliminación para microempresarios del anticipo del impuesto a la renta. Este realmente no debería validarse como un “beneficio” para este grupo de personas, sino que el tener esto sería un recargo impositivo, es decir, las microempresas deben tributar sobre una contabilidad real, en función de lo que logran generar y no de lo que pueda ser una evaluación como la del anticipo.
  • Se plantea reducción de tramitología para emprendedores. El Ecuador es un país que entra en una crisis, por ello el desempleo es la pareja incondicional de una crisis económica. Esto deja al descubierto una necesidad real de la gente por lograr un ingreso; si a cualquier intento de lograr un ingreso lo denominamos “emprendimiento” (término que bajo ese concepto está mal utilizado), en ese caso los trámites deberían ser mínimos, ya que las personas están buscando un ingreso para sostenerse y no necesariamente para “generar” un negocio de largo plazo.

En un tercer grupo, unimos a los sectores vulnerables que por alguna situación general tienen un “desventaja” que el estado estaría buscando mermar, mejorar o eliminar con la nueva ley propuesta:

  • No hay impuestos nuevos para sectores vulnerables. Al ser un sector que no tiene una generación amplia de ingresos o recursos, no tiene sentido que se pueda colocar tributos, ya que los mismos no van a tener un efecto de recaudación importante y, por otro lado, el deterioro social que podrían causar es alto.
  • Condonación de intereses en créditos educativos. Con esto, un grupo grande de estudiantes que obtuvieron préstamos pudieron alcanzar buenos niveles de preparación, pero lastimosamente no han conseguido una fuente de ingresos para pagarlos. La preocupación de fondo sería entender como “garantizar” a futuro una fuente de ingresos para estas personas.
  • Se eliminan las deudas de construcción de casas para 30.000 familias afectadas por el terremoto. Al ser un grupo afectado por este fenómeno natural, es una “obligación” del estado buscar mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que debe ser claro es el proceso de análisis para no dejar de ayudar a quienes más necesitan.
  • Se plantean créditos para viviendas a tasas de interés del 4,9%. Son créditos de vivienda popular para que las personas accedan a hogares propios de manera más sencilla.

Al final del día, una ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria debería buscar eso mismo: simplificar procesos, eliminar burocracia en el trabajo, hacer más eficiente el sector público y permitir al privado que siga trabajando en pro de un crecimiento económico.

Lo único cierto es que el país vive una situación complicada, una crisis que se la ve en el día a día, procesos de deflación en varios sectores y contracción económica en otros. Si la búsqueda es mejorar el crecimiento, las políticas deben ir en pro no solo de mejorar tributariamente, sino de mejorar los accesos a créditos, tasas y plazos en líneas productivas que permitan, por un lado, crear bases (emprendimientos reales) y por otra, seguir fortaleciendo estructuras, todo con el fin de hacer crecer los negocios, incrementar los niveles de empleo y, de esta manera, en el largo plazo también incrementar la base tributaria del país.

Las decisiones no solo pueden ser basadas en el corto plazo, sino en un largo plazo real que vuelva creíble las “reglas del juego” y así poder maximizar las oportunidades generales.

EL AUTOR

Juan Pablo Jaramillo Albuja tiene el grado de Master en Dirección de Empresas MBA por el IDE Business School y es Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha sido Gerente General de Megaprofer S.A., Gerente Comercial de Industrias Ales C.A., entre otras. Actualmente es Gerente General de Agrovolcanes Cía. Ltda., Gerente Comercial de Polypapeles Cía. Ltda., miembro del Directorio de varias compañías y profesor de Entorno Económico del IDE Business School.