Más allá del FMI

El taller ‘Oportunidades y desafíos del entorno económico 2019-2022’ que el economista Alberto Acosta-Burneo dictó en el IDE Business School, explica las perspectivas económicas del Ecuador frente a la apremiante necesidad de poner fin al déficit fiscal y reducir los costos de producción.

Con o sin acuerdo con el FMI, el ajuste de la economía ecuatoriana es inevitable. Tenemos que pagar las cuentas de los excesos de la bonanza, cuando los ingresos petroleros extraordinarios desencadenaron una espiral de gasto que introdujo importantes distorsiones a la economía ecuatoriana. La ideología del gobierno de la época impulsó una expansión del Estado en todos los campos, incluso aquellos que anteriormente habían estado en manos privadas. Como resultado, el gasto público pasó del 28,9% del PIB (incluyendo gasto por importación de derivados) a 43,7% en 2013 (máximo reciente).

Los desequilibrios acumulados durante la bonanza rebasan la esfera fiscal. El FMI estima que existe una sobrevaloración de 31% en el tipo de cambio real del Ecuador. Al ser un país dolarizado, Ecuador no puede usar la devaluación como mecanismo para otorgar competitividad a sus exportaciones.

Además, Ecuador no es un destino empresarial atractivo. Existen importantes barreras al emprendimiento que deben ser eliminadas: sistema tributario, obstáculos a la creación y operación de empresas, pocos incentivos a la inversión privada, baja profundización del mercado de capitales, reducida apertura al comercio internacional, entre otros.

En materia de transparencia, todavía hay un largo camino por recorrer para crear leyes anticorrupción y a otorgar mayor acceso a la información sobre operaciones del gobierno. También existen falencias en el régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En este desafiante escenario, el 11 de marzo de este año fue aprobado por el directorio ejecutivo del FMI el acuerdo con Ecuador bajo la modalidad de Facilidad Ampliada, que aplica para países con desequilibrios pronunciados que requieren mayor plazo para lograr el ajuste y estabilización. El acuerdo garantiza financiamiento por tres años, lo que ayudará a suavizar el costo del ajuste y facilitar implementación de reformas estructurales para:

1. Apuntalar los cimientos institucionales de la dolarización.
2. Promover competitividad y crear empleo.
3. Fomentar prosperidad compartida y proteger a los más vulnerables.
4. Mejorar la transparencia y reforzar la lucha contra la corrupción.

Más impuestos

En los tres años que dura el acuerdo, el gobierno se ha comprometido a incrementar el balance no petrolero —incluyendo subsidios a combustibles— en 5 puntos porcentuales del PIB (alrededor de US$ 5,4 millardos). Las autoridades impulsarán una reforma tributaria en el primer semestre de 2019 para que sea aprobada hasta fin de año, y que entre en vigencia a partir de 2020. El objetivo es incrementar las recaudaciones en 1,6 puntos porcentuales del PIB (US$ 2,4 millardos entre 2019 y 2021). Para lograrlo se plantea:

• Reducir exenciones impositivas “no justificadas”, regímenes especiales y preferencias.
• Ampliar la base de contribuyentes.
• Otorgar más peso a impuestos indirectos (que no dependen del nivel de ingresos del contribuyente, por ejemplo, IVA o ICE).

Esta estrategia tiene varias debilidades. La primera es que los impuestos retiran recursos de la sociedad que podrían ser usados para la inversión, y los destinan a gasto público improductivo reduciendo el potencial de crecimiento futuro de la economía. Por otro lado, incrementar impuestos requiere pasar por la Asamblea Nacional. Con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2021, ningún grupo político, por fuera del oficialismo, querrá comprometer su popularidad incrementando impuestos.

Menos gasto

Por el lado de la reducción de gastos, en el periodo 2019-2021, se buscará: reducción de subsidios (-US$ 1.500 millones), optimización de compras públicas (-US$ 1.300 millones), reducción de la nómina (-US$ 797 millones) y reducción de la inversión (-US$ 556 millones).

Competitividad

La principal medida para devolver competitividad a las exportaciones contemplada en el acuerdo es contener el gasto público y, concretamente, la masa salarial. De este modo, se reducirá ese consumo improductivo que realiza el Estado y que, al incrementar la demanda, impulsa los precios al alza afectando al sector privado.

También se buscará flexibilizar los precios y salarios para facilitar el ajuste externo. Esto requerirá de reformas que reduzcan las rigideces en los mercados laborales, de productos y en el sistema financiero.  

En esta materia, la principal reforma acordada con el FMI es mejorar el marco laboral. El gobierno tiene la expectativa de hacer estos cambios en 2020, luego de aprobada la reforma tributaria. Se buscará reducir la informalidad laboral y crear nuevas modalidades contractuales. ¿Es esto suficiente?

Debemos estar conscientes que el acuerdo con el FMI no es un programa económico completo ni tampoco establece las medidas concretas a adoptar. Las metas del acuerdo agregan sostenibilidad a las finanzas públicas y reformarán el mercado laboral.

Si nos conformamos con tan solo cumplir lo acordado con el FMI, no garantizaremos que la economía vuelva a crecer de manera saludable. Para lograrlo necesitamos cambios profundos que aceleren significativamente el ritmo de acumulación de capital (máquinas y equipos), que es la base para aumentar la producción, el empleo y los salarios. Esto se consigue mediante políticas amigables a la inversión que impulsen competitividad (reducción de aranceles, eliminación de trámites y apertura comercial) y que garanticen los derechos de propiedad. ¿Estarán nuestros políticos a la altura del desafío?