Ahora que hablamos tanto de corrupción…

Ecuador se encuentra en el puesto 117 en la lista que Transparencia Internacional publica anualmente, en la que se mide el nivel de corrupción de 180 países del mundo.

Se entiende por corrupción, según la RAE, “la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar)”. Cuando se menciona esta palabra, pensamos enseguida en el sector público y sus funcionarios, pero esta acción de corromper la podemos ejercer todos en nuestro día a día: desde copiar en un examen, no respetar las señales de tránsito, aprovechar los contactos para conseguir un trabajo inmerecido, hasta pedir coimas por servicios públicos. Todo esto es deshonestidad e irrespeto al otro, todo esto nos lleva a la corrupción.

Ecuador se encuentra en el puesto 117 en la lista que Transparencia Internacional publica anualmente, en la que se mide el nivel de corrupción de 180 países del mundo. Esto evidencia que, si realmente queremos construir el país que soñamos, desde todos los sectores y todas las edades, debemos trabajar para cambiar esta realidad. Es por ello que es necesario, no solo hablar de crear o cambiar leyes, sino de fomentar una cultura de integridad desde las aulas, la academia, la gestión empresarial, social y pública; y sobretodo, como mencionó Javier Cepeda de Guatemala, “pasar de la queja a la propuesta”.

Comparto un dato de Latinoamérica sobre los costos sociales de la corrupción: según María Fernanda Garza (México, 2019), “las familias más pobres invierten el 15% de sus ingresos en temas de corrupción”.  ¿Qué podemos hacer frente a esto?

Desde todos los niveles de formación se debe educar en valores y en ética, tanto en los colegios como en las universidades. Se debe investigar, generar más conocimiento y conciencia de cuánto afecta la deshonestidad al desarrollo de las personas, y de cómo se previenen estos malos hábitos.

En el sector público, es imprescindible poner en práctica los principios de Gobierno Abierto, enfoque internacional que se está comenzando a implementar en nuestro país. Esto es, una nueva forma de mirar la gestión pública donde el ciudadano es el centro del accionar, con un trabajo basado en los principios de transparencia, participación ciudadana, desarrollo de redes de colaboración e innovación, donde todos somos corresponsables de la mejora de vida de los ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad.  Citando a Alfredo Corral, “los recursos públicos son para servir al pueblo, no para servirse”.

Desde el sector privado, se puede trabajar casa adentro y con su cadena de valor, teniendo un código de ética claro, integral para toda la empresa; con capacitación constante para los trabajadores, involucrándolos en la toma de decisiones; contando con criterios claros de combatir la corrupción, y generando transparencia en sus procesos. Esto crea confianza, credibilidad y compromiso, tanto interna como externamente, mejora la inversión y la competitividad.

¡No seamos indiferentes! La corrupción no sólo roba el dinero de la gente, sino que afecta y vulnera los derechos humanos. Debemos recuperar la confianza y respeto en el otro: éste es el único camino para lograr el cambio real de la sociedad y de generar desarrollo e igualdad.  Una cultura íntegra, ética, llena de valores, desde todas las instancias y sectores, donde nadie permita ni se involucre en temas de corrupción.