Las demandas de los organismos reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea por la manipulación de los tipos de cambio y los interbancarios (por ejemplo, el líbor) son un buen ejemplo de cómo la regulación pueden ayudar a combatir la mala praxis en los sectores bancario y financiero. Así, la regulación y supervisión son necesarias para que ambos sectores funcionen como es debido. ¿Pero dónde está el límite? ¿Cómo diseñar políticas que protejan adecuadamente al consumidor y la estabilidad financiera sin perjuicio de una competencia sana?
Sin duda, la competencia es buena para la sociedad, puesto que contribuye a crear mercados dinámicos y eficientes. Pero existe un equilibrio entre esta y la estabilidad financiera, y no es tan fácil regularlo.
Para lograrlo, se debe reconocer la especificidad de la política de competencia. La regulación ha de estar bien coordinada y basarse en un enfoque integral que tenga en consideración los distintos instrumentos estructurales y disciplinarios en juego, así como garantizar la independencia de los distintos organismos responsables de la regulación y la política de competencia.
Este artículo –basado en mi libro Competition and Stability in Banking: The Role of Regulation and Competition Policy (Princeton University Press, 2016)– presenta los retos más importantes a los que se enfrentan bancos y reguladores en su intento de gestionar los equilibrios entre competencia y estabilidad. Asimismo, apunto las claves que deben tener en cuenta tanto los actores públicos como privados para que la sociedad sea partícipe de las ventajas de la competencia: eficiencia, innovación, crecimiento y bienestar del consumidor, además de la recuperación de la confianza en el sector bancario.
La especificidad de la competencia en la banca
La competencia promueve la eficiencia y la innovación y, con ellas, el bienestar del consumidor, cuando la regulación es la adecuada. La aplicación de la política de competencia, por tanto, debería garantizar la aportación competitiva del sector financiero a la economía e impulsar el crecimiento. Por su parte, velar con decisión por la buena praxis podría ayudar a restaurar la confianza de la banca, tan maltrecha tras la crisis financiera de 2007-2009.
Durante una crisis, la función de la política de competencia es mantener abiertos los mercados y controlar las distorsiones creadas por los rescates financieros. El objetivo más inmediato sería estabilizar el sistema, forzar la salida de las instituciones fallidas y eliminar las barreras de entrada artificiales. La política de competencia también podría desempeñar la función de defender la innovación y el crecimiento e impedir la sobrerregulación.
Dadas las consecuencias sistémicas de la quiebra de bancos, conviene reconocer la singular posición de la banca en esta ecuación. La política de competencia en este sector debe equilibrar los objetivos de estabilidad a corto plazo con el vigor competitivo a largo, sobre todo en lo referente a los siguientes aspectos:
AYUDAS ESTATALES. Aunque su objetivo es contener una crisis, en beneficio tanto del sector bancario como de la sociedad, ocasionan distorsiones que deben regularse mediante políticas. Como se ha visto, la propiedad estatal es un factor de distorsión, mientras que las estructuras de propiedad intermedia –como las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito– suelen ser demasiado débiles para afrontar una crisis. En muchos casos, la excesiva intromisión política en las entidades públicas y semipúblicas no ha hecho más que crear problemas.
“DEMASIADO GRANDE PARA CAER”. La asunción de esta máxima también provocan distorsiones en la competencia. Las instituciones agrupadas bajo este paraguas disfrutan de una ventaja, a saber, la garantía implícita de que recibirán ayudas estatales. Y ello da pie al riesgo moral, el que resulta de la disposición de alguien a asumir más riesgos porque es otro el que corre con los gastos.
Para evitarlo, la política de competencia ha de disuadir a la banca de asumir riesgos excesivos imponiendo medidas estructurales y disciplinarias a las entidades que reciban ayudas. Por ejemplo, la Comisión Europea ha adoptado medidas más estrictas en lo tocante a los procedimientos de restructuración, como la limitación de ciertas actividades de inversión que se salen del núcleo de negocio de la banca, que está regulado.
Además, exige que toda institución rescatada se comprometa a observar la disciplina financiera.
La política de competencia también podría impedir la consolidación de estructuras de mercado anticompetitivas con bancos que, por ser “demasiado grandes para caer”, no pueden salir del mercado. La desinversión impuesta a un gran banco rescatado podría obligar, al final, a disolverlo.
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EL AUTOR
Xavier Vives es profesor de Economía y Finanzas, titular de la Cátedra Abertis de Regulación, competencia y políticas públicas y Director académico del Public- Private Sector Research Center del IESE. Doctor en Economía por la Universidad de California (Berkeley), sus áreas de interés son la organización industrial y la regulación; la crisis bancaria y los mercados financieros, y la innovación y la política de competencia, temas sobre los que ha publicado numerosos artículos y libros. Economista galardonado, ha asesorado en asuntos de competencia, regulación y gobierno corporativo al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y grandes empresas internacionales.