Antecedentes

El Ecuador viene sintiendo una fuerte presión económica desde hace casi tres años debido a la falta de liquidez y crecimiento económico que se ha dado. El escenario macroeconómico no es el mejor para el 2018 ni para los años posteriores, a menos que se tomen decisiones —más que medidas— que recupere la confianza del sector empresarial y se mejore el nivel de inversión en la economía.

Es así que podemos decir que el desplome del sector inmobiliario en nuestro país —si bien no es la causa de la compleja situación económica en el país— es una de sus caras más visibles. Por mencionar un ejemplo, se pueden ver muchos edificios nuevos en el norte de Quito, lugar que fue uno de los centros base de la expansión de la construcción que se dio por el crecimiento del país durante la década del nuevo “boom” petrolero y que terminó en el 2015.

Desde 2015 el sector de la construcción viene cayendo cada año, lo que provoca que se siga incrementando los niveles de desempleo y, al representar este sector cerca del 9% del PIB (y disminuyendo), un impacto negativo a la construcción claramente también afecta, para bien o para mal, al PIB.

Según algunas empresas de la construcción, se estima que la recuperación total de la construcción tomaría entre cinco y diez años, además que los trabajadores que se ocupan en esta actividad representan el 6,7% de ocupados. Por otra parte, es clave mencionar que el sector también tiene una dependencia de la inversión pública, pero se estima —o más bien así debería ser— que el Gobierno reducirá el gasto. Corroborando esto, el ministro de Finanzas Carlos de la Torre anunció en junio de 2017 que para resolver el déficit fiscal hay que bajar el gasto de capital, específicamente en la inversión en infraestructura que sea considerada costosa.

¿Qué papel juega el Gobierno Central?

Es clave entender que si bien el Gobierno Central no es quien debe “solucionar” el problema económico del país, puede tomar varias decisiones y políticas que permitan a la economía empezar a ver de manera diferente los modelos de inversión, y que esta “confianza generada” permita emprender un nuevo empuje en el sector de la construcción.

En el otro lado de la moneda, el plan “Casa para Todos” para construir 325.000 viviendas, propuesto por el Presidente Lenin Moreno, podría ser una especie de tabla de salvación para el sector para que no siga decreciendo, más que por un crecimiento natural del sector. Esto junto con la derogación que se debe hacer de la “Ley de Plusvalía” después del resultado de la Consulta Popular, podría tener un mejor efecto en general, potenciando el sector a ser nuevamente el más relevante de la macroeconomía y, con ello, ayudar al total del PIB a marcar su rumbo de ascenso.

La Ley de Plusvalía, más que un control a las especulaciones en la comercialización de bienes inmuebles, se la interpretó como un efecto confiscatorio al patrimonio familiar: una familia promedio prefiere no comprar su vivienda ya que en la venta, por efecto de plusvalía normal, podría perder dinero. El efecto sobre las remodelaciones a los bienes existentes tuvo su incremento, pero es muy claro que no hay cómo sustituir la inversión de una construcción nueva con la de una remodelación, por más completa que sea, si a esto se le junta la disminución en la liquidez del país, tenemos la receta del éxito para desencadenar una caída estrepitosa en este macro sector, tema del que ya todos somos testigos.

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EL AUTOR

Juan Pablo Jaramillo Albuja tiene el grado de Master en Dirección de Empresas MBA por el IDE Business School y es Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es Gerente General de Agrovolcanes Cía. Ltda., Gerente Comercial de Polypapeles Cía. Ltda., miembro del Directorio de varias compañías y profesor de Entorno Económico del IDE Business School. Ha sido Gerente General de Megaprofer S.A., Gerente Comercial de Industrias Ales C.A., entre otras.