La colaboración público-privada entre la compañía estatal de ferrocarriles de Arabia Saudí y un consorcio de doce empresas españolas ilustra las dificultades que lastran los grandes proyectos de infraestructuras. El consorcio se constituyó para la construcción de una línea de alta velocidad entre Medina y La Meca. Desde el punto de vista empresarial, el proyecto representaba una oportunidad tan prestigiosa como lucrativa para exhibir una proeza de la ingeniería en la escena internacional. Pero, tras ganar el contrato en octubre de 2011, el consorcio se encontró con que los dispositivos de contención para la arena del desierto no eran suficientes en algunos tramos de la línea. Ninguno de los socios estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de un problema que no se había presupuestado y, para solucionarlo, el consorcio exigía 1.400 millones de dólares adicionales. El Gobierno saudí se opuso, negativa que derivó en unas arduas negociaciones que retrasaron en más de un año la finalización de la obra.
¿Cómo se pudo adjudicar un proyecto de esta magnitud con un contrato que no preveía todos los problemas provocados por la arena?
Por desgracia, no se trata de un caso aislado. Muchas colaboraciones público-privadas experimentan sobrecostes y retrasos, en gran medida debidos a la dificultad de redactar cláusulas que cubran imprevistos durante el transcurso del proyecto. Tanto administraciones públicas como proveedores se juegan mucho, ya que pueden enredarse en disputas que se traducen en arbitrajes costosos y retrasos interminables.
En mi investigación sobre la relación público- privada en la compra de bienes y servicios, he podido comprobar que cada parte tiene sus propias limitaciones, debido sobre todo a las diferencias entre los contratos y mecanismos de compra que utilizan cada una. La comprensión y el uso de algunas de las herramientas de que disponen pueden ayudar a los actores de ambos sectores a ser más flexibles y eficientes y, a un tiempo, evitar algunos de los quebraderos de cabeza asociados a este tipo de colaboración.
Adaptarse a las circunstancias
La primera tensión emana de la diferencia de enfoque que tienen el sector público y el privado respecto a los contratos. Hasta el cambio de siglo, los economistas solían tratar la provisión de bienes y servicios como una cuestión de “diseño de mecanismos” que presenta un problema de agencia evidente: frente al comprador, el proveedor disfruta de una información sobre los costes de producción de la que carece el primero. El comprador, por tanto, debe diseñar un mecanismo –un contrato– para averiguar los costes del proveedor, como ofrecerle diversas opciones del proyecto, cada una a un precio diferente. Al elegir una, el proveedor revela sus costes.
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EL AUTOR
Steven Tadelis es profesor de Economía, empresa y políticas públicas y titular de la cátedra James J. and Marianne B. Lowrey de Empresa en la Haas School of Business (Universidad de California en Berkeley). Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, ha estudiado la economía del comercio electrónico en eBay, los efectos del diseño de contratos y del tipo de organización en el comportamiento de las empresas (y con respecto a su privatización), así como la contratación de bienes y servicios y los mecanismos de adjudicación tanto del sector público como del privado.